El diario La Prensa Gráfica de El Salvador incluyó en su portada DEL jueves reciente al ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo en un acto de corrupción.

Según La Prensa Gráfica, Enrique Rais y una red de colaboradores, ayudados por José Luis Merino, sostuvieron negociaciones con representantes de la española TCB y la filipina ICTSI para asegurarle a una de las dos la concesión de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés, en Honduras, licitada en 2013. Uno de sus apoyos principales podría ser el expresidente Porfirio Lobo. El puerto, de entrada, le significaría unos $47.5 millones anuales a su ganadora. Actualmente, la terminal de Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.

Aquí de manera textual lo publicado por La Prensa Gráfica de El Salvador

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en Puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de Puerto Cortés, en Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

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Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

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La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

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Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

 

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

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