Tegucigalpa. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutan desde tempranas horas la “Operación Fortuna”, en donde como parte de las acciones se ejecutan 11 allanamientos con el fin de buscar indicios relacionados con el lavado de activos y delitos conexos, también la inscripción de medidas de aseguramiento sobre: 131 bienes inmuebles y 11 sociedades mercantiles ubicadas en las ciudades de Puerto Cortés, Olanchito y San Pedro Sula. 
De acuerdo a las investigaciones de la DLCN en su Oficina Regional de San Pedro Sula, desde julio de 2016 se recibió denuncia en la cual se establece que la ciudadana Jessica María Paz Castellanos se dedica al lavado de activos producto de haber recibido dinero de la organización criminal conocida como “Los Cachiros”, en tal sentido esta ciudadana constituyó sociedades mercantiles junto con miembros de su familia con las cuales realizó  inversiones con el dinero proveniente de actividades ilícitas.
Las averiguaciones de los Fiscales y Detectives determinaron además que Paz Castellanos y personas de su núcleo familiar hicieron transacciones sobre bienes inmuebles con Marlene Isabel Cruz Quintanilla, esposa del señor Javier Rivera Maradiaga y con las sociedades mercantiles Empresa de Transporte Brisas del Aguán S.A. y Desarrollo Ecoturístico Guaymoreto S.A., representadas en escrituras por los señores Juan Ángel Maradiaga López y Midence Oquely Martínez, ambas compañías vinculadas a los hermanos Rivera Maradiaga, demostrado en los expedientes que sirven de antecedentes.
De igual manera, se comprobó, entre otras cosas, la creación de sociedades mercantiles con la misma o similar finalidad social, con los mismos socios y que operan en direcciones idénticas. Dichas empresas obtienen diversos productos financieros con los cuales se estaría ingresando al sistema, dinero que no tiene causa o justificación económica o lícita de su procedencia.
La Operación Fortuna recibe además un importante apoyo para su ejecución de la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), esta última será quien reciba todos los bienes asegurados durante la operación.