En un intento por incrementar sus poderes de facto en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro absorbió las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, en lo que es visto como el paso final de un gradual “autogolpe” ejecutado a cámara lenta que incrementa la inestabilidad política y los riesgos de violencia en el país.

En respuesta, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de emergencia de su Consejo Permanente para tratar de nuevo la crisis venezolana.

La medida adoptada el miércoles por la noche por Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo, que emitió un dictamen donde se atribuía las funciones del Parlamento, fue denunciada alrededor del mundo y por la Asamblea Nacional como un autogolpe, al tiempo que la oposición convocó a masivas protestas para el fin de semana.

“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien instó a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.

“Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales […] están en contra del caos que sucede en Venezuela”, sostuvo Borges, dirigente del partido Primero Justicia.

Desde Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidió.

“Denuncio auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional #Venezuela”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

Poco antes, la Cancillería de Perú había emitido la misma opinión.

“Frente a la gravedad de estos hechos, el gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores minutos después que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunciara.

La Sala Constitucional del TSJ asumió las funciones del Parlamento en un dictamen que según analistas representa un paso más hacia un modelo autoritario.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, indicó el fallo.

El tribunal declaró a la asamblea en desacato en enero del 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por las autoridades chavistas.

Haciendo uso de esa situación, el TSJ ha anulado todas las decisiones parlamentarias.

Peter Schechter, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y director del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, dijo que tras la decisión del TSJ ya no deberían quedar dudas sobre la instauración de una dictadura en Venezuela.

“La disolución de la Asamblea Nacional es más que un golpe a la democracia, es una paliza, y una nueva señal de que el sistema político se está derrumbando rápidamente”, dijo Schechter.

Jason Marczak, director de la Iniciativa de Crecimiento Económico para América Latina del mismo centro, dijo que llegó la hora para que la región y todos los países interesados en el bienestar de los venezolanos formen un frente común para enfrentar el autoritarismo chavista.

“Llegó la hora de tratar a Venezuela como el estado paria en que se ha convertido”, dijo.

El partido opositor Voluntad Popular, fundado por el encarcelado dirigente Leopoldo López, pidió al pueblo de Venezuela retomar las movilizaciones de calle para “imponer la voluntad del pueblo”.

“Desde Voluntad Popular reafirmamos que cuando no existe Estado de Derecho, la única forma de lograr imponer la voluntad del pueblo es a través de la lucha popular, la resistencia democrática, la ofensiva ciudadana no violenta”, dijo VP en un comunicado.

Ese partido sostuvo que solo con “presión popular” y resistencia democrática “sostenida e incrementada” frente a la dictadura de Maduro, es que los venezolanos lograrán conseguir “una transición democrática”.

“Para ello hace falta organizarnos y retomar el camino de presión que no debió haberse abandonado el año pasado”, expresó el comunicado.

La decisión del TSJ se produjo dos días después de que 20 países miembros de la OEA anunciaran que estaban de acuerdo en buscar una hoja de ruta dentro de la organización que permitiera restaurar la democracia en Venezuela.

Poco antes, los diputados de la oposición habían solicitado formalmente a la organización multilateral que aplicara la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional.

Maduro posteriormente calificó ese pronunciamiento como un acto de “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

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