Bruselas comienza el procedimiento de sanciones contra España

España no ha tomado “medidas efectivas” para corregir el déficit público: la Comisión Europea acaba de concluir que Madrid incumplió deliberadamente sus objetivos fiscales, con un incremento del gasto en año electoral –liderado por las comunidades autónomas—y una rebaja de impuestos electoralista y a destiempo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. España cerró el déficit por encima del 5% del PIB el año pasado, más de 10.000 millones de euros más que las metas exigidas por Bruselas. La Comisión Europea ha iniciado así, al filo de las cuatro de la tarde, un procedimiento de infracción contra España y Portugal. El debate celebrado hoy pone la pelota en juego, aunque el anuncio oficial no será efectivo hasta el jueves para obligar ahora a los Estados miembros a tomar una decisión en el Ecofin del próximo martes sobre esa falta de “acción efectiva” para reducir el agujero fiscal.

El partido no ha hecho más que empezar. Y puede acabar, en el mejor de los casos, con una multa de cero euros o la cancelación del procedimiento. En el peor, España puede ser sancionada en otoño con hasta 2.100 millones de euros, un 0,2% del PIB, a pesar de haber recordado el déficit del 9,3% al 5% en plena recesión (y con un desempleo superior al 20%). España y Portugal, en fin, son la diana de una batalla entre los defensores a ultranza de las reglas fiscales (Alemania y Holanda, partidarios de una sanción ejemplarizante) y los países del Sur, que temen que se abra una puerta peligrosa que podría conducir hacia más sanciones, esta vez en los grandes países: Italia y Francia.

El colegio de comisarios ha sido unánime: considera que España no hizo lo necesario, no tomó medidas efectivas para corregir el déficit. Retrasa hasta el jueves la decisión, que se hará por escrito. Y pone la pelota en el tejado de los Estados miembros: ahora es el Ecofin quien debe confirmar esa falta de acción efectiva el próximo martes, para que la Comisión haga una propuesta de naciones que volverá, de nuevo, al Ecofin en otoño.

La sanción dependerá de la decisión final de los ministros de Economía y Fiannzas, sobre la base de esa propuesta de Bruselas. Y entre los ministros no hay consenso, sino lo contrario: una división enorme entre los partidarios de las sanciones y sus detractores. El mundo al revés: la política europea del Gobierno de Rajoy se ha basado durante los últimos cuatro años en cortejar a la Alemania de la conservadora Angela Merkel, que ahora le da la espalda, al menos en este capítulo del proceso (como se la dio en la lucha por la presidencia del Eurogrupo o por la silla en el consejo del BCE, por cierto). Los aliados de España son dos Gobiernos socialdemócratas: la Francia de François Hollande y la Italia de Matteo Renzi. La multa española es en realidad apenas un movimiento en una partida con más enjundia política: de nuevo el pulso Berlín-París, o acreedores del Norte contra deudores del Sur, o defensores a ultranza de las reglas contra partidarios de una aplicación inteligente de un Pacto de Estabilidad mal diseñado, procíclico, máximo exponente de esa Europa que actúa como madrastra en las troikas, ahora con sanciones a países que han hecho grandes esfuerzos.

El proceso, además, es endiabladamente complejo. La Comisión toma hoy la decisión sobre la falta de acción efectiva para corregir el déficit, pero no la hace efectiva hasta el jueves para presionar a los Estados miembros: el Ejecutivo de la Unión no quiere tomar una decisión tan importante sin señales claras en las cancillerías. El Eurogrupo y el Ecofin deben después confirmar esa decisión la semana próxima, pero no está claro que las sanciones vayan a entrar en la agenda a la vista de la enorme división que hay entre los Veintiocho. Si el Ecofin da luz verde, España tiene 10 días para presentar alegaciones, y la Comisión presentará la propuesta de sanciones el 27 de julio. Si no entra en la agenda, todo el procedimiento se retrasa hasta el otoño, lo que daría tiempo para calibrar mejor las consecuencias del déficit y, probablemente, para que se forme Gobierno en España. Para rebajar la multa incluso a cero, Bruselas pretende que el próximo Gobierno respete el compromiso adquirido por el presidente en funciones, Mariano Rajoy, durante la campaña electoral: Rajoy envió una carta a Juncker en la que se comprometía a acometer nuevos recortes “si fuera necesario”. Las fuentes consultadas en Bruselas consideran que es absolutamente necesario para asegurar que el déficit baje al 3,7% del PIB este año y al 2,5% en 2017. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha repetido esta mañana que no habrá sanciones, pero ha anunciado después un viaje relámpago a Estrasburgo para verse con los dos máximos responsables de las reglas fiscales, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici.

El colegio de comisarios –que reúne a los comisarios de los Veintiocho— decidió hace unas semanas posponer la decisión por las elecciones españolas y el Brexit, pero 24 de los 28 comisarios fueron rotundos: España y Portugal merecen la multa. Las fuerzas están ahora algo más repartidas, con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, radicalmente en contra de aplicar las reglas a rajatabla. “Hay que aplicar el Pacto de Estabilidad con corazón”, dijo Juncker hace unos días en el Parlamento, Europeo. Junto con Juncker, el español Miguel Arias Cañete, el portugués Carlos Moedas, la italiana Federica Mogherini y el comisario Pierre Moscovici han abogado hoy por aplicar las reglas “con inteligencia”.