Tegucigalpa. Luego de una rigurosa investigación realizada por el equipo integrado de investigación y persecusión penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y Fiscales e investigadores de la unidad fiscal especial contra la corrupción e impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), hoy se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento Fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomás Zambrano Molina, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gubierno.
La MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC para ser investigado por los equipos integrados de investigación y persecusión penal, hallando indicios suficientes que se trataría de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto, en donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso, con la presunta finalidad de crear una ley que favoreciera a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos, tal y como se detalla a continuación:
- Este caso denominado pacto de impunidad, se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, UFECIC, con el apoyo de la OEA-MACCIH, presentó requerimiento fiscal en el caso «Red de Diputados» contra los diputados del Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Henrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Andonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia por el delito de malversación de caudales públicos.
- La Audiencia inicial se econtraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141.2017 contentivo de las disposiciones generales del Presupuesto General de ingresos y egresos de la república, ejercicio fiscal 2018, publicado en el diario oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificaciones se incluyen disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentes (TSC) en el plazo de tres años.
- Al amparo de esta reforma, mediante la resolución de fecha, 24 de enero de 2018, el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada «red de diputados», argumentando que no se podía seguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedebilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
