La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó el martes la decisión del gobierno de Nicaragua de poner fin a la misión de investigación de esta entidad en el país centroamericano.
«Lamentamos la expulsión de nuestro equipo un día después de haber publicado nuestro informe. Mientras tanto, la protección de los civiles es cada vez más difícil» al quedar limitados el acceso y control de la comunidad internacional, indicó en conferencia de prensa la portavoz del organismo, Liz Throssell.
«En semanas recientes se ha criminalizado a la disidencia y en los medios de comunicación afines al gobierno se ha tachado de terroristas a los que protestan», agregó.
La expulsión se produjo después de que la misión publicó un informe en el que apuntaba al Estado nicaragüense como máximo responsable de la vulneración de derechos humanos en el país y del «alto grado de represión» estatal de las protestas contra el gobierno, en las que se han registrado «más de 300 muertos y 2.000 heridos» desde abril pasado.
La portavoz aseguró que el equipo de la ONU, que había entrado en Nicaragua invitado por su gobierno, abandonó el país el primero de septiembre y que la Oficina pretende seguir vigilando lo que ocurra allí de forma remota.
