Doce años después de que en Ciudad de México se despenalizara el aborto, el estado de Oaxaca, al sur del país, se convirtió en la segunda entidad de la nación latinoamericana en aprobar una normativa que autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Con una votación de 24 votos a favor y 10 en contra, diputados de la 64 legislatura de Oaxaca determinaron la modificación del Código Penal del Estado, abriendo así una puerta para las mujeres, que representan más del 50% de la población del estado (2.079.211 con base en el último censo), para decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas y contando con las facilidades de la salubridad estatal.
«Lo que pasó ayer en Oaxaca no solo fue quitar el aborto del Código Penal, sino que es algo simbólicamente muy poderoso», destacó Daniela Tejas, coordinadora de Fondo María, una organización que desde 2009 apoya a mujeres que buscan la interrupción del embarazo.
La activista destacó que la medida implica un paso vital: que un procedimiento médico no figure en un Código Penal enfocado en delitos.
