El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha aclarado este lunes por medio de un contundente comunicado que la reciente Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repita, NO se trata de un pacto de impunidad.
En el comunicado, el presidente Redondo ratifica que “el propósito de esta ley es condenar el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y, reparar, resarcir o restituir a las víctimas del golpe de Estado, en lo posible, su libertad, su estado de inocencia, su integridad corporal, su dignidad, su honor y el de sus familias”.
En tal sentido, se deja de manifiesto que las versiones que circulan en algunos medios de comunicación que dicha ley es un Pacto de Impunidad, NO SON CIERTAS ya que ningún señalamiento, investigación, prueba, testigos, documentos, acusaciones, criminalización, persecución, encarcelamiento sobre cualquier víctima del golpe de Estado, en cualquier materia, tendrá ninguna garantía de legalidad y debido proceso.
El presidente Redondo sustenta lo anterior en que “porque surge precisamente de un golpe de Estado, de una ruptura ilegal del orden constitucional, por lo tanto, todo lo que se derive de ello estará contaminado, viciado, parcializado, será arbitrario, ilegal, y no contará con ninguna credibilidad porque carecerá de las garantías y derechos que establece nuestra Constitución”.
Socialización
Como uno de los primeros pasos para la aplicación de este decreto, este lunes se llevó a cabo el evento de “Memoria y Justicia, Congreso del Pueblo Legislando para el Pueblo” el cual contó con la participación de diversos sectores indígenas y de Derechos Humanos, así como las autoridades del Congreso Nacional.
A la reunión asistieron representantes de Mineras de Derechos Humanos; la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Bertha Oliva; el Consejo Indígena de Francisco Morazán; Consejo Indígena Lenca de Reitoca; y de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
También estuvo presente la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.
