En el marco del conversatorio sostenido entre autoridades gubernamentales y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil para analizar la situación de violencia, criminalidad y delincuencia en el país, el coordinador de advocacy e incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera, señaló que “diseñar una estrategia integral de prevención de la violencia, combatir a la impunidad y resolver las causas estructurales de la pobreza y desigualdad deben ser los elementos indispensables de la segunda etapa del plan de reducción de muertes violentas en la nación”.
“Prevenir la violencia y combatir la impunidad es lo que debe caracterizar la segunda fase de la estrategia de reducción de homicidios en Honduras” aseguró.
Rivera, reconoció lo importante que es haber reducido la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 86 a 42 en los últimos 5 años, sin embargo advirtió que esa cifra todavía es 5 veces más alta que el promedio mundial y 3 veces más elevada que la media de las Américas; “es fundamental que el problema de seguridad y alta tasa de homicidios siga siendo un asunto prioritario en la agenda estatal, que los flujos presupuestarios sigan altos y sostenibles para la lucha contra el crimen, que se continúen coordinando y articulando acciones desde todas las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, y que la política de represión del delito y descabezamiento de bandas del crimen organizado siga inalterable” indicó.
Asimismo, demandó que la depuración y fortalecimiento de instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia, no solamente se circunscriba únicamente a la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario, sino que el mismo se extienda al Ministerio Público (MP) y al Poder Judicial; “urge que se tomen medidas extremas para evaluar la idoneidad del personal que labora en las diferentes fiscalías y unidades de investigación del MP, y los distintos organismos judiciales” planteó.
Del mismo modo, el depurador subrayó la necesidad de “diseñar e implementar una estrategia integral de prevención de la violencia que brinde atención a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad y exclusión social, y ejecutar programas de resolución pacífica de conflictos, con énfasis en abordar la dramática situación de la violencia doméstica y escolar, las riñas interpersonales y la conflictividad social”.
Finalmente, Omar Rivera, instó a las autoridades del Estado a “resolver algunas otras causas estructurales del problema de la violencia en Honduras, tal es el caso de la pobreza y desigualdad, la falta de generación de empleo y apoyo a emprendimientos, y los bajos niveles de cobertura y calidad de servicios públicos fundamentales como salud, educación y protección social”.
