Tegucigalpa. “Pudo existir alguna colusión por parte de personal y se van a tomar acciones administrativas y penales”, afirmó German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en relación a la investigación de la fuga de dos privados de libertad.
El escape se produjo la tarde del martes, en la Penitenciaría Nacional de Támara y, de manera inmediata las autoridades del centro penal informaron a la Policía Nacional y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), para proceder al cierre de la ciudad.
“Tenemos algunos indicios preliminares y en ese sentido ya hemos dado alguna información a las autoridades encargadas de investigación del Estado y tenemos la certeza que darán con la captura de estas personas que estaban privadas de libertad”, sostuvo el funcionario.
Agregó que, al ser recapturados “se van a tomar las acciones administrativas como penales”. La Ley del Sistema Penitenciario indica que a estas personas se les puede suspender la visita por un determinado tiempo o enviarlos a un centro penal de máxima seguridad.
La investigación
McNiel, reveló que los ahora prófugos lograron cruzar los anillos de seguridad (dos al interior del centro penal y dos externos a cargo de Fusina), por lo que se realizan las investigaciones del caso.
“Si ha habido colusión por parte de agentes penitenciarios o militares en esta fuga, vamos a ponerlos a la orden de las autoridades correspondientes con el propósito que pueda reducirse la responsabilidad penal si es que fuese concerniente”, recalco.
Este tipo de situaciones no se van a tolerar y en ese sentido las investigaciones ya están en curso. Podemos decir que pudo existir alguna colusión por parte de personal y se van a tomar acciones administrativas y penales, enfatizó el funcionario.
Los prófugos
Las autoridades penitenciarias informaron que los prófugos cumplen sentencias condenatorias por distintos delitos. Jordán Vásquez Valladares es acusado por el delito de portación ilegal de armas.
Mientras que, Héctor Orlando Cruz Ríos, originario de Pimienta, Cortés, es acusado por los delitos de robo, evasión, portación ilegal de armas, hurto, uso de nombre supuesto, asesinato, tentativa de robo y en el 2007 fue sentenciado a 14 años de prisión.
