Minutos después se sacaba de la institución la bandera wiphala, el emblema de los pueblos indígenas de la región de Los Andes, proclamada como símbolo nacional (junto con la tricolor, que no se ha perdido) en la Constitución de 2009 y que también portaban hasta esta semana los policías y militares, que tras el golpe han mostrado su rechazo al símbolo en vídeos en los que se los arrancaban del uniforme.
Son dos momentos cumbre que encarnan la crisis interseccional entre elementos políticos, étnicos, religiosos y de clase que se están viviendo en estos complicados momentos en el país latinoamericano.
Hasta hace escasas décadas era habitual que los mestizos y blancos coparan las estructuras de poder, mientras que eso ha cambiado con el Gobierno de Evo Morales, que ha hecho un trabajo de reconquista o imposición (dependiendo a quién preguntes) de la cultura indígena. Esta es la base del eje ciudad-pueblos o cholos contra kharas que cimenta el conflicto político y ha sido utilizado por los múltiples frentes del choque civil. Como denunciaron agentes cercanos al conflicto, el reciente fraude electoral avivó muchas actitudes racistas entre la población.
Luego, tras la llegada al poder del primer Presidente indígena (aymara) del país, Morales promulgó una nueva constitución en marzo de 2009 con la que Bolivia pasó a ser un Estado aconfesional o laico, el catolicismo perdía el estatus de religión oficial y se garantizaba la libertad de culto. En abril de este mismo 2019 Morales también proclamó una Ley de Libertades Religiosas y Creencias Espirituales que aseguraba la igualdad de derechos entre todas las Iglesias, consolidando el carácter laico de un país mayoritariamente católico.
Hay que añadir también que el equipo de Morales ha declarado en alguna ocasión que la Iglesia ha sido «un instrumento de la dominación» y que es necesaria una “descolonización” de la religión, aceptando el precepto de que el cristianismo ha sido y seguía siendo un vehículo para la imposición colonial.
