Un total de 5 millones 655 mil 473 hondureños enroló el Registro Nacional de las Personas (RNP), quienes solicitaron su Documento Nacional de Identificación, durante los años 2020 al mes de agosto del 2022, según revela un informe del sistema informático de la institución.
Cabe destacar que el proceso de enrolamiento del RNP generó por primera vez una base registral de los miembros de los pueblos originarios, una información nunca registrada con suma precisión.
En relación con lo anterior se desglosa del universo de personas enroladas las siguientes cifras, los mestizos representan el 88.5 por ciento de la población equivalente a 5 millones 009 mil 517 hondureños, siendo este el grupo poblacional mayoritario.
Por su parte, la población lenca enrolada suma 419,594 personas, que equivale al 7 por ciento, ocupando el segundo lugar de grupos mayoritarios, seguido por otros grupos multiculturales que suman 151,480 personas, quienes obtuvieron la nacionalidad hondureña y representan el 2.8 por ciento de la población que están en un rango de los 18 años en adelante.
Mientras, el 1 por ciento de los hondureños enrolados son de la comunidad misquita, que ascienden a 59 mil 454 personas, siendo la cuarta comunidad del país más numerosa de la base registral de enrolamiento.
Existen otros pueblos originarios enrolados de menor número poblacional como; los tolupanes, que suman 11,633, el negro inglés, 10,134; los chortís 9,746; los pech 2,497; los tawahka o sumo 810 y los nahuas 127.
Como parte de la política de inclusión de los pueblos originarios y en concordancia con el plan del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, según el Pleno de Comisionados Permanentes del RNP, contar con una base registral de los diferentes grupos poblacionales del país es un hito histórico y un logro significativo para el RNP.
El enrolamiento por población representa un gran aporte del RNP al Gobierno de la República, lo que permitirá desarrollar e implementar políticas públicas de apoyo a las comunidades, destinando presupuestos, para programas específicos en salud, educación, infraestructura pública que conlleven a mejorar los indicadores de desarrollo humano de las también denominadas culturas vivas del país y que forman parte de la riqueza cultural.
