El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), beneficia a 19 mil 73 familias con el Sistema Social Forestal, a nivel nacional.
El ICF guía a las comunidades a la toma de los medios de producción para el manejo sostenible de los recursos y así, obtener la generación de riqueza para ser distribuida de forma igualitaria en las comunidades.
A la fecha, se cuenta con 140 Contratos de Manejo Forestal Comunitario en áreas de vocación forestal, en una superficie de 927 mil 696.91 hectáreas, esta incluye tierras de tenencia nacional, ejidal y privada de interés colectivo del pueblo indígena Pech y Miskitu.
En siete Regiones Forestales se han elaborado y aprobado 19 Planes Operativos Anuales de aprovechamiento de madera del bosque de pino, en 19 sitios de áreas asignadas de tenencia nacional, las cuales poseen Contrato de Manejo Forestal Comunitario, mediante el cual se han otorgado derechos y obligaciones a las comunidades que habitan dentro o en áreas aledañas.
Planes operativos
Dichos Planes Operativos Anuales, proyectan un volumen total a comercializar de 84,386.6576 metros cúbicos (m3), al comercializar dicho volumen se estima que estarían generándose un total de 250 millones de lempiras.
De ese monto, se obtienen los costos de producción y la respectiva utilidad o ganancia, la cual se estima de aproximadamente 65 millones de lempiras.
Dicha cantidad, debe distribuirse con un 50 % destinado a obras de infraestructura comunitaria, 30 % se reinvierte en proyectos productivos sostenibles y 20 % según la toma de decisiones de la asamblea comunitaria, cuyos beneficiarios son un total de 97 comunidades.
La Ley Forestal, Áreas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo N°98-2007) establece que el ICF, es la instancia gubernamental encargada de promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, con la finalidad de incorporar a las comunidades que habitan en o alrededor de áreas nacionales de vocación forestal en actividades de protección, manejo, forestación y aprovechamiento sostenible del bosque, incluyendo la transformación, industrialización y comercialización de sus productos, apoyando la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y para elevar el nivel de vida de la población.
Actualmente, en la implementación del Plan de Gobierno 2022-2026, se incluye el accionar que debe de orientar el ICF relacionando a impulsar a través del Estado la promoción de la amplia asociatividad, destinará una partida fiscal para la creación, promoción y sustento de todas las formas de organización local y comunitaria con fines sociales, y destinará esfuerzos para volverlas autosostenibles y dotarlas de autonomía eficaz.
En el caso de áreas forestales nacionales, esta relación se basa en el uso múltiple del bosque por dichas comunidades o grupos, las cuales ejecutan las labores necesarias para su protección y las demás actividades de manejo de dichas áreas, beneficiándose económica, ambiental y socialmente de sus productos, bienes o servicios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
