El juicio por supuesto espionaje político y peculado a Ricardo Martinelli (2009-2014), el primer expresidente panameño en sentarse en el banquillo, comenzó este martes pero fue suspendido apenas dos horas después, luego de que su defensa alegara un supuesto cuadro de ansiedad y depresión.
El tribunal encargado de juzgar a Martinelli, integrado por tres magistrados, resolvió suspender temporalmente el juicio para que médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá examinen el estado mental del exgobernante y comprueben si coincide con el diagnóstico de su psiquiatra privado.
El juez dio plazo hasta el jueves a la defensa para que Martinelli, recluido en una cárcel desde su extradición de Estados Unidos en junio, pase por una evaluación mental forense que determine las condiciones reales del magnate de los supermercados de 67 años que gobernó a la nación centroamericana entre 2009 y 2014.
Después de esa evaluación se determinará la fecha para retomar el proceso, informó el juez Roberto Tejeira, quien con otros dos magistrados tendrán la misión de concluir un caso inédito en Panamá y por el que, de ser hallado culpable, Martinelli podría ser condenado a 21 años de prisión.
La fiscalía, los querellantes de las víctimas y la defensa descartaron algún acuerdo extrajudicial. La defensa tampoco dio ninguna muestra de buscar una posible reducción de pena para su cliente.
La decisión del tribunal para que Martinelli se someta a la evaluación en una entidad forense adscrita al Ministerio Público se dio a pedido de la fiscalía y los querellantes luego de que la defensa presentara la víspera un certificado de incapacidad psiquiátrica del expresidente con el que buscaba que se reprogramara la audiencia.
“Tenemos que enfrentar la verdad una vez por todas, la ciudadanía quiere saber qué fue lo que pasó”, dijo a la prensa el fiscal Ricaurte González tras la audiencia. “El señor Martinelli no quiere ir a juicio”.
Martinelli está acusado de espiar las comunicaciones de al menos 150 personas y de la compra de aparatos millonarios para realizar esas interceptaciones durante su gobierno, según las investigaciones. Sin embargo, no todas las presuntas víctimas presentaron querellas y en el inicio de la audiencia sólo se leyeron los nombres de 49 de los supuestos afectados, entre ellos el actual presidente Juan Carlos Varela, un hermano suyo que es diputado, así como varias figuras del mayor partido opositor, algunos periodistas, dirigentes sindicales y de la sociedad civil.
