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    Tres estudiantes son condenados a 17 años de cárcel por protestar contra Daniel Ortega

    Tres estudiantes nicaragüenses fueron condenados este martes a 17 años de cárcel tras ser encontrados culpables del delito de terrorismo, en uno de los procesos judiciales contra opositores que han participado en las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde abril, informó la defensa.

    El juez séptimo penal de Juicio, Melvin Vargas, impuso 17 años y seis meses de cárcel a Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel Vázquez, encontrados culpables de terrorismo y otros delitos.

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    Las penas impuestas son de 15 años por terrorismo, dos por tráfico de armas y seis meses por entorpecimiento de servicios públicos, este último referido a la colocación de tranques o bloqueos en calles de varios puntos del país.

    La fiscalía había solicitado para los tres procesados la pena máxima de 30 años que contempla la legislación.

    El abogado de la defensa, Julio Montenegro, en declaraciones a la prensa calificó la sentencia como «nula», argumentando que los jóvenes fueron detenidos por paramilitares y los cargos que se les imputan no fueron probados por la fiscalía.

    El jurista consideró que la ley que tipifica el delito de terrorismo aprobada en junio por el parlamento es aplicada «de forma maliciosa» a las personas que han participado en protestas.

    «Este proceso ha sido ilegal, arbitrario desde el momento que fueron secuestrados (detenidos) por paramilitares. Las audiencias han sido herméticas (…) han presentado testigos falsos en el juicio» dijo de su lado a la prensa Brenda Gutiérrez, madre de Espinoza.

    Organismos de derechos humanos estiman que al menos 300 personas de 500 que han sido detenidas en el contexto de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, están en proceso judicial bajo cargos de terrorismo y crimen organizado.

    Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones pero tras la violencia en la que han muerto más de 320 personas, se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

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