Tegucigalpa, Francisco Morazán. Luego que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) solicitara recientemente la privación definitiva de dominio contra los bienes de origen ilícito incautados al ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández, su clan familiar y socios, un Tribunal resolvió sobre la ampliación por un año más de la medida de aseguramiento, que es otro aspecto relacionado al expediente de interés para el Ministerio Público.
Dicho caso fue denominado como Operación Perseo y los aseguramientos son contra 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias.
Perseo se ejecutó por parte de la UF – ADPOL en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.
En total son 19 lujosas residencias situadas en Colón, Cortés y Yoro, bienes propiedad del ex alto jerarca de la Policía Nacional y su hermano José Santiago Barralaga Hernández (prófugo de la justicia).
Asimismo, figuran dentro de esta solicitud bienes inmuebles propiedad de Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia), hijo del ex subcomisionado, dentro de los que se destacan cabezales, cisternas, furgones, motos de carga, entre otros.
De acuerdo a la investigación de agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 1900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados.
Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
El juicio de el ex subcomisionado Barralaga está próximo a ir a juicio, específicamente del 14 al 25 de octubre.
