La Audiencia Nacional española accedió este viernes a extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, guardaespaldas y jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, al entender que no puede ser un perseguido político porque no es un opositor.
La Audiencia siguió así el mismo criterio que con la esposa de Velásquez, Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada también por Venezuela y quien ejerció durante años como enfermera de Chávez y fue detenida en Madrid en abril pasado junto a su marido.
En el caso de Velásquez, el tribunal rechaza que pueda ser represaliado en Venezuela porque, según los jueces, no es un opositor sino un miembro de la administración de Chávez, y el actual Gobierno de Nicolás Maduro “es continuista” con su línea.
Venezuela reclama a este matrimonio por delitos de blanqueo y enriquecimiento injusto a raíz de la publicación de los “papeles de Panamá”, en los que aparecen empresas relacionadas con Velásquez con las que, según las autoridades venezolanas, lavaron dinero que sustrajeron de las arcas públicas.
La defensa de Velásquez alegó que era una “temeridad” entregarle a Venezuela porque es un país donde se violan constantemente los derechos humanos.
También destacó la persecución que sufren los opositores y afirmó que, tras la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, “se persigue a todos los miembros de la anterior Administración por el simple hecho de no alinearse con el nuevo Gobierno”.
