El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio introdujo el lunes una orden de arresto contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro, estableciendo que existen suficientes pruebas sobre su participación directa en un gigantesco esquema de corrupción que le costo a la nación más de $1,700 millones.
“Ciertamente nos encontramos ante la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad […] [Y] por todo lo anterior expuesto, esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara procedente la solicitud consistente a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros”, declaró el magistrado Romel Gil, al leer la decisión.
El pronunciamiento, que también solicita a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición— que someta a juicio político a Maduro para separarlo del cargo, contempla la notificación a las autoridades policiales venezolanas y a la INTERPOL para que le arresten.
Aun cuando es de esperarse que el régimen de Caracas simplemente ignore el pronunciamiento, los magistrados en el exilio esperan contar con el respaldo de la comunidad internacional, que en los últimos meses ha concluido que Maduro ha secuestrado los poderes públicos.
El pedido realizado a INTERPOL incluiría al líder bolivariano entre las personas con alerta roja internacional, lo cual de ocurrir podría conllevar a su detención si sale fuera de territorio venezolano.
Durante el anuncio, realizado desde la sede del Senado en Colombia, los magistrados también anunciaron la activación de la Convención de Palermo contra el crimen organizado, por sospecha de la activa participación del régimen en un gigantesco esquema de corrupción internacional.
