Funcionarios que formaron parte hasta este miércoles de la Administración de Donald Trump, y otros que lo hicieron en el pasado, aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hizo un intento final para «sabotear» los planes migratorios del Gobierno de Joe Biden: una serie de acuerdos legales con autoridades estatales y locales, firmados en las últimas semanas, para retrasar cualquier cambio durante al menos 180 días.
Estos pactos requieren al Gobierno federal que consulte a jurisdicciones estatales y locales “antes de tomar cualquier acción o decisión dirigida a limitar la aplicación de políticas migratorias, aumentar el número de inmigrantes irregulares, o incrementar los beneficios migratorios o las condiciones de elegibilidad para ellos” en favor de indocumentados.
Las Administraciones estatales y locales tendrán 180 días para aportar comentarios, y los funcionarios del Gobierno del nuevo presidente, Joe Biden, deberán tomarlos en consideración y entregar “una explicación escrita detallada” si los rechazan.
El medio digital BuzzFeed News fue el primero en reportar de la existencia de cuatro de estos acuerdos, firmados por los fiscales generales de Indiana y el sheriff del condado de Rockingham, en Carolina del Norte. Expertos legales han cuestionado que se puedan aplicar de forma efectiva.
NBC News, cadena hermana de Telemundo, revisó los cuatro acuerdos, firmados entre el 15 y el 29 de diciembre por las autoridades locales, y el 8 de enero por Ken Cuccinelli, secretario interino del DHS. Dos funcionarios de la Administración de Trump dijeron que se firmaron muchos más acuerdos de ese tipo con otras administraciones estatales y locales.
