Un juez bloqueó este miércoles la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Asegura que podría causar «un daño irreparable y grandes adversidades» a los beneficiarios.
El fallo emitido la tarde de este miércoles por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, libera de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluye a Honduras, por ahora.
La decisión plantea que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.
El dictamen es el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los cuatro países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaban que el presidente Donald Trump hizo declaraciones que podrían comprobar el prejuicio racial y que mediaron en la cancelación del TPS.
Además, los demandantes le pidieron al juez desechar la decisión de la Casa Blanca argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para otorgar o cancelar el TPS.
El 26 de junio, el juez federal Edward Chen determinó en un fallo preliminar que los tribunales tenían la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS a las personas procedentes de estos cuatro países, y señaló en esa ocasión que podría haber motivaciones de índole racista detrás de la decisión de cancelar el programa.
El TPS otorga un amparo temporal de deportación y concede una autorización de empleo también temporal, que se renueva cada vez que el programa es extendido.
La caída
El año pasado, el gobierno de Trump comenzó a cancelar el permiso, uno a uno, a los países beneficiarios. El argumento en la mayoría: que las condiciones por las que había sido concedido habían cesado o mejorado para esas naciones.
Comenzó el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 nicaragüenses. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.
La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos.
Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban más de dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.
Pasaron los meses y el 4 de mayo siguiente, el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.
El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.
El programa concede estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.
Por ley, el DHS tiene la discreción exclusiva de determinar cuándo los ciudadanos de otros países son elegibles para TPS. Una vez que se realiza dicha determinación, estos individuos pueden recibir una prórroga del permiso para residir temporalmente y renovar la autorización de empleo.
“Una gran noticia para nuestros hermanos”
Para la comunidad hondureña del sur de Florida, el fallo de la corte de San Francisco es “una gran noticia para nuestros hermanos. Y pensamos que tarde o temprano nos van a agregar a la lista. Esto alivia un poco el miedo de las deportaciones”, dijo a Univision Noticias Orlando López, un activista hondureño que lleva casi 20 años en Estados Unidos.
“Es una noticia buena en medio de tantas cosas malas que le han ocurrido a nuestra comunidad con las deportaciones”, agregó López. “La verdad es que estamos muy preocupados, pero ahora regresa un poquito la esperanza. Ahora seguiremos pidiendo para que a nosotros también nos incluyan cuanto antes».
En octubre del año pasado, poco antes de la cancelación del TPS de Honduras, López dijo que las advertencias que venía lanzando el gobierno de Trump estaban “truncando miles de sueños de familias que llevan casi dos décadas contribuyendo con el engrandecimiento de Estados Unidos”.
“Nuestras vidas están hechas aquí, tenemos estabilidad. Y (el TPS) era temporal, entonces ¿por qué tardaron tanto tiempo para tomar acción y despachar a la gente de regreso?”, se preguntó en aquella ocasión.
“La verdad es que somos personas trabajadoras y mantenemos un récord limpio y con esperanza de que nos den una residencia. No somos criminales. Ojalá esta noticia se mantenga, nos llamen a nosotros los hondureños y que escuche el Congreso, para que atiendan nuestros ruegos por una residencia permanente”, precisó.
