Una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, que recibió considerable apoyo, fue la implementación de una ley antiinmigrante. Esta ley no solo reactiva las deportaciones masivas de hondureños y latinoamericanos, sino que también prohíbe a los niños nacidos de personas inmigrantes obtener la nacionalidad norteamericana, un derecho constitucional.
Trump, ahora más fortalecido que en su gobierno anterior, controla tanto el Congreso como el Senado, lo que lo hace más peligroso. En su mandato anterior, tuvo problemas con el Departamento de Estado por manifestar opiniones sin consultarlo previamente. Por ello, se aconseja al gobierno hondureño manejar esta situación con cautela, ya que Trump es un político que reacciona antes de pensar.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos está por cumplir seis meses en febrero, y ya no tiene efecto desde hace cinco o seis meses. No ha habido nuevas extradiciones, y se espera que un nuevo presidente y partido reactiven el tratado. Actualmente, el gobierno de Xiomara Castro lo eliminó, y no hay forma de reactivarlo hasta que haya un cambio de gobierno.
El tratado de extradición es urgente para combatir la corrupción, ya que las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial fomentan la impunidad. La reactivación del tratado es esencial para enfrentar estos problemas y garantizar la justicia en Honduras.
