La crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba y la violencia contra la mujer y las minorías, demuestran que en América aún falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, según el informe de Amnistía Internacional (AI) presentado este miércoles.
La organización denunció, en su capítulo sobre las Américas, que «la discriminación y la desigualdad continuaron siendo la norma por todo el continente».
«Los altos niveles de violencia siguieron asolando la región, con oleadas de asesinatos, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias».
Los defensores de los derechos humanos sufrieron «crecientes niveles de violencia» y la «impunidad se mantuvo».
La organización señaló en particular la extrema violencia que se vive en Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela, y calificó como «preocupante» el perdón concedido por Perú a su ex presidente Alberto Fujimori.
En el caso de Venezuela, Amnistía estimó que el país afronta «una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de la violencia promovida por el gobierno» de Nicolás Maduro.
En México, más de 34.000 personas siguen desaparecidas y «las ejecuciones extrajudiciales fueron abundantes», además de la tortura, los malos tratos y el «incremento significativo» en el número de homicidios y ataques contra periodistas y activistas.
La organización saludó «el potencial paso adelante» tomado por el Senado mexicano con la aprobación de una ley para combatir e investigar las desapariciones.
En el caso de Brasil, Amnistía condenó la violencia policial en Río de Janeiro y el aumento de las violaciones de los derechos humanos en el resto del país.
Sobre Cuba, AI advierte que las «restricciones indebidas» al acceso y libertad de expresión en internet se suman a las formas tradicionales de censura en la isla, donde persisten las detenciones arbitrarias y «hostigamiento» a los críticos con el Gobierno.
Además, subraya que pese al deshielo con EE.UU., revertido por el Gobierno de Donald Trump, persiste una alta tasa de migración de cubanos a causa de los bajos salarios y el «control de la libre expresión».
Colombia, Perú, Chile, Argentina y Paraguay
El conflicto armado en Colombia se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con la FARC, ahora convertida en partido político, por la acción de otros grupos ilegales, considera AI.
En el informe se advierte de la falta de «transparencia e imparcialidad» en el indulto al ex presidente de Perú Alberto Fujimori, condenado en 2008 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y también lamentó que Perú continúe un año más con altos índices de violencia sexual y feminicidios.
El Gobierno de Chile y la Fiscalía siguen «abusando» de la aplicación de la ley antiterrorista para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales, lo que supone en algunos casos violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las denuncias sobre el uso «excesivo» de la fuerza policial para acallar las protestas en Asunción contra la reelección presidencial y la falta de aplicación de sentencias sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacan entre los principales apuntes sobre Paraguay.
AI denuncia que se siguen «criminalizando y discriminando» a los pueblos indígenas en Argentina, advirtió de las «dificultades» de las mujeres para acceder a un aborto legal, incluso en los casos de violación o riesgo para su salud, y recordó los «retrocesos» en materia de derechos de los inmigrantes.
Triángulo Norte
AI también describe la grave situación en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) por los numerosos casos de violencia de género, los ataques contra activistas, la migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas.
Sobre El Salvador advirtió que la prohibición del aborto ha llevado a que injustamente varias mujeres sean «declaradas culpables de homicidio agravado después de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas».
En Honduras AI denuncia «tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» en la represión de las manifestaciones postelectorales contra un supuesto fraude en la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente.
En el caso de Guatemala señala que las medidas para combatir la impunidad «corren grave riesgo de verse afectadas por la resistencia creciente de ciertos actores políticos», y citó el intento fallido del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Los feminicidios, la impunidad y los ataques contra defensores de los derechos humanos persisten en Nicaragua, recordó AI.
La violencia sexual y el intento de los legisladores de aprobar leyes abiertamente discriminatorias contra las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) son los temas más graves en Haití, según AI.
