El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en el estado de Guerrero hace cuatro años, a la creación de una comisión de la verdad hasta saber su paradero.
Desde la desaparición forzada de los estudiantes –ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero–, no ha habido un solo sentenciado. Y a pesar de que aún hay 120 detenidos por diferentes causas conexas, sólo 15 están vinculados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, una institución educativa con tintes socialistas.
Ese día, en horas de la noche, durante tres ataques de policías de los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula, en coordinación con integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’, fueron asesinados tres estudiantes, dos integrantes de un equipo de fútbol de segunda división y una señora que viajaba en un taxi. Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas un alumno que hasta la fecha permanece en coma.
El emblemático caso de estos desaparecidos ha motivado en estos 1.460 días centenares de marchas, protestas, manifestaciones masivas y simultáneas, bajo la consigna de ‘¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!’, todo ello como parte de un registro de 35.647 personas desaparecidas en los últimos 11 años.
