Con base en los análisis realizados por el Banco Central de Honduras (BCH), se constató
que las operaciones crediticias otorgadas al Gobierno de la República de Honduras
constituyen una fuente de financiamiento alternativo de la brecha fiscal, valores que ya
se encontraban incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República, Ejercicio Fiscal 2022, y considerados en las proyecciones macroeconómicas.
En este sentido, el 15 de febrero de 2022 el Congreso Nacional por medio del Decreto
Legislativo No.8–2022 declaró Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector
Público, autorizando a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) para
que adopte las medidas extraordinarias requeridas en el ámbito fiscal y financiero y para
que en caso de ser necesario durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023 realice la contratación
directa de préstamos internos o externos, reasignación de recursos externos disponibles,
colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras
operaciones de crédito público en las condiciones financieras que obtenga al momento
de su negociación, hasta por un monto US$2,000.0 millones.
En ese contexto, la Sefin por intermedio del Gobierno de República de Honduras
mediante los oficios DPMF–007–2022 y DPMF–013–2022 del 14 de febrero y 16 de febrero
de 2022 solicitó al BCH se le, otorgue un préstamo por DEG239.4 millones,
aproximadamente US$336.0 millones, provenientes de las asignaciones de DEG
realizadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2021, como apoyo
presupuestario para realizar pagos por servicio de deuda externa, entre ellos el
vencimiento del Bono Soberano por US$166.7 millones en marzo de 2022.
Asimismo,
solicitó un crédito temporal por L11,836.0 millones, con base en lo establecido en el
Artículo 40, párrafo tercero de la Ley del Banco Central de Honduras, con el objetivo de
cubrir variaciones estacionales en los ingresos o gastos, a fin de ser utilizados en su
totalidad, como apoyo presupuestario para atender los compromisos de servicio de
deuda pública interna correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.
Posteriormente, el Congreso Nacional, a través del Decreto Legislativo No.30–2022 del 8
de abril de 2022 y publicado la misma fecha en el Diario Oficial “La Gaceta”, contentivo
de la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus
Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022, en su Artículo 274–J, autorizó a la Sefin y al BCH a suscribir un contrato de préstamo de hasta US$1,000.0 millones, con el
propósito de financiar Inversión Pública, Pago de Deuda y Gestión de Pasivos.
Lo anterior
en el marco del Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público declarado.
Por lo cual, la Sefin mediante los oficios DGCP–GV–77/2022 y DGCP–GV–105/2022 del 10
de mayo de 2022 y del 14 de junio de 2022, solicitó al Banco Central de Honduras (BCH)
la formalización del préstamo por US$1,000.0 millones, considerando entre otras
erogaciones el pago del servicio de deuda interna y externa del 2022 y el pago del
segundo tramo del bono soberano que vence en marzo de 2023 por US$166.7 millones.
Las operaciones de crédito de excepción solicitadas por el Gobierno de la República de
Honduras se enmarcan en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del
Presupuesto, la Ley del Banco Central de Honduras, en el Decreto de Estado de
Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público y en el Decreto Legislativo No.30–2022,
contentivo de la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022; y para el otorgamiento de
dichos préstamos, nuestra Institución ha cumplido con los procedimientos establecidos
en nuestra ley constitutiva, los cuales requieren que tales operaciones crediticias, sean
aprobadas por el voto unánime de los miembros del Directorio del BCH.
De esta forma, el Gobierno de la República de Honduras continúa honrando los
compromisos de deuda pública (interna y externa) adquiridos por las administraciones
anteriores, así como las futuras obligaciones que este Gobierno contrate; contribuyendo
de esta manera a generar las condiciones necesarias que permitan un clima de
certidumbre y de estabilidad macroeconómica, que siente las bases para la inversión
nacional y extranjera en beneficio de la población hondureña, especialmente la que se
encuentra en condiciones más vulnerables.
