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    Comunicado del Congreso Nacional luego de la denuncia de la MACCIH

    Congreso Nacional aprueba que se investigue manejo del Fondo Departamental desde el gobierno de Manuel Zelaya y Micheleti hasta la fecha.

    1. El Congreso Nacional aprobó reformas a la ley orgánica del Presupuesto el jueves 20 de enero del año 2018 a las 5:11 p.m. con el apoyo de 75 diputados, 10 abstenciones y ningún voto en contra.
    2. El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente.
    3. Esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal, actual o futuro, ya que no se reformó ningún artículo de la Ley del Ministerio Público, Código Penal, Código Procesal Penal, ni de la Constitución de la República, que son las distintas normas que le confieren la facultad de investigación al MP.
    4. Rechazamos completamente las aseveraciones malintencionadas del vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, que está reforma afecta los procesos judiciales de casos relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cualquier otro caso investigado por el Ministerio Público.
    5. En ningún momento el Congreso Nacional ha aprobado la figura de la retroactividad en materia administrativa, por lo que los casos que se estén ventilando actualmente en cualquier instancia administrativa, deberán tramitarse conforme a la ley correspondiente.
    6. Reiteramos que esta reforma, lejos de promover la impunidad, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pone en condición de investigados a todos los diputados, ONGs, etc. de los últimos cuatro gobiernos.
    7. El Congreso Nacional exige a la Maccih respeto a las instituciones del estado, a su independencia y autonomía, y al libre ejercicio de sus atribuciones que le confiere las leyes de la República, y condena las amenazas que recientemente emanan de su vocero para interferir en el principio sagrado de la independencia judicial.

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