El ex presidente Lula da Silva continuará en prisión, al menos por ahora. Pero el sistema judicial brasileño difícilmente se recupere de la crisis por la que atravesó este domingo. Es la opinión mayoritaria de juristas brasileños e, inclusive, de miembros de la Corte Suprema que criticaron el accionar (en realidad, la inacción) de la presidenta de esa instancia máxima, Carmen Lucia Antunes.
Las conclusiones son, para los expertos jurídicos, devastadoras: el episodio, que giró alrededor de la libertad del ex mandatario, «trae inseguridad jurídica y desestabiliza la democracia”.
Así lo expresó Joaquim Falcao, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas. “No sé quién cometió el error. Pero sí quien más perdió: fue la estabilidad necesaria para la democracia”.
Los juristas sostienen que en verdad el juez Rogerio Favreto, del tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, estaba de turno y por lo tanto podía juzgar si aceptaba o no el pedido de habeas corpus. Pero, citado por el diario Folha de San Pablo, el profesor de derecho de la Universidad de San Pablo, Luciano Anderson de Souza, cuestionó el argumento dado por Favreto: “No había ningún hecho nuevo que justificara aceptar el habeas corpus”.
Con todo, pasaron otras cosas como la intervención del juez de primera instancia Sergio Moro, que llegó a llamar por teléfono a la Policía Federal de Curitiba para que no se aviniera a liberar al ex mandatario. “A Moro no le competía incumplir la sentencia. Eso perjudica la imagen del sistema judicial y trae mucha inseguridad” indicó el experto.
