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    Conozca las diez medidas para recuperar la seguridad y la gobernabilidad en el sistema penitenciario de Honduras

    Con el propósito de recuperar la gobernabilidad y la seguridad en el sistema penitenciario, la presidenta Xiomara Castro aprobó hoy diez medidas que serán impulsadas a través del programa Solución Contra el Crimen (SCC) liderado por la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva.

    En una comparecencia pública, acompañada de Lorenzo Sauceda, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Villanueva precisó las disposiciones.

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    1. Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 % de las instalaciones físicas.

    2. Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.

    3. Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles.

    4. Evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios.

    5. Traslados y reubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).

    6. Reclasificación y aislamiento de los reclusos vinculados a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.

    7. Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores.

    8. Practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integra las cárceles.

    9. Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarles de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y la revisión y ajuste salarial.

    10. Crear un banco de datos de los privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.

    Todas estas disposiciones serán aplicadas en los 26 establecimientos carcelarios que hay en el país donde están recluidos 19,966 privados de libertad, entre ellos mil 100 menores de edad.

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