Según información a la que tuvo acceso el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la Sala de lo constitucional ha remitido la certificación del fallo con los antecedentes a las Cortes de Apelaciones de Tegucigalpa con jurisdicción nacional, y la Seccional de La Ceiba, para que estas como responsables del agravio, emitan la resolución correspondiente a efecto de cumplir con lo mandado en la sentencia de amparo; y, posteriormente, devolver las actuaciones al Juzgado o Tribunal que esté conociendo de la causa como Juez Natural, que en este caso es el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón.
Teniendo presente lo anterior, la Defensora del Pueblo Blanca Izaguirre, recuerda a las autoridades correspondientes que la negligencia y el retraso injustificado en la emisión de la resolución genera vulneración del derecho a las garantías del debido proceso y una privación ilegal de la libertad de los Defensores del Río Guapinol pues es contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.
Sobre todo, recomienda a las autoridades correspondientes a actuar conforme a los principios de celeridad procesal, no discriminación e igualdad ante la Ley de los seis Defensores del Río Guapinol.
Finalmente, esta institución del pueblo expresa su firme voluntad de apoyo, en este y en todos los casos con el fin de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.
