Los esfuerzos encaminados a estabilizar las finanzas públicas y reactivar la economía por parte del Gobierno de la República de Honduras, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, han tenido como resultado la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una cantidad de USD 822 millones.
El miércoles 21 de septiembre el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó dicho acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) que beneficia al país con el acceso de crédito para financiar distintos tipos de proyectos.
Explica el SAR que su aprobación es el resultado del reconocimiento, por parte del Directorio Ejecutivo del FMI, de los avances logrados por el Gobierno en materia de transparencia, combate a la corrupción, fortalecimiento económico y gobernanza.
En el corto plazo, Honduras podrá acceder, de manera inmediata, a un fondo estimado en USD 117 millones.
El propósito primordial de tales acuerdos es apoyar la implementación de políticas que permitan fortalecer la balanza de pagos de Honduras y, además, sentar un apoyo directo al programa de reforma económica e institucional del Gobierno de Honduras en los próximos tres años.
Precisamente, las autoridades del FMI han señalado, en diferentes ocasiones, la importancia de implementar medidas de transformación en la economía hondureña. Como señaló el subdirector gerente y presidente del Directorio, Kenji Okamura: “Honduras enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son una gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas, que obstaculizan su potencial de desarrollo y alimentan la migración”. Ante esta situación, se requiere medidas estructurales que modifiquen tanto el aparato productivo como el sistema fiscal.
En este sentido, el Gobierno de la presidenta Castro se ha comprometido a implementar los cambios necesarios para lograr un manejo adecuado de la deuda pública heredado como resultado de la narcodictadura; combatir la corrupción público-privada que limita la inversión pública e impulsar una reforma fiscal sostenible que permita al Estado hondureño obtener los recursos necesarios para impulsar su programa de inversión productiva y gasto social.
En el marco del programa económico del Gobierno se comprende el papel de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), la cual propone revertir la tendencia regresiva del sistema fiscal hondureño, el cual castiga con más impuestos a la población más pobre y desfavorecida. En efecto, el Directorio del FMI reconoce la necesidad de una reforma tributaria de gran alcance acompañada de medidas para fortalecer la administración tributaria y, en general, la transparencia en el sector público.
La obtención de este acuerdo refleja el grado de confianza y credibilidad que ha ganado el Gobierno de la presidenta Castro en 20 meses, explica el SAR. “Mi Plan de Refundación y nuestra política económica transparente, fiscal, monetaria y cambiaria, sin fideicomisos ni Alianzas Público-Privadas (APP) de la corrupción, ha sido reconocido en el Programa del FMI, incluida la Ley de Justicia Tributaria, satanizada por quiénes se niegan a pagar impuestos” señaló la presidenta en su cuenta oficial de la red social X.
A pesar de las múltiples campañas de desinformación, desprestigio y estigmatización contra el programa económico y fiscal propuesto por el gobierno, especialmente con ataques y noticias falsas dirigidas hacia el contenido de la LJT, la aprobación de este acuerdo supone un apoyo directo por parte de los Organismos de Financiamiento Internacional al programa y gestión gubernamental de las finanzas públicas, agrega el SAR. Como señaló la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, en su cuenta oficial de la red social X, “Contra todos los pronósticos, siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro; el Gabinete Económico concluye con éxito Programa con el FMI, aprobado este día por unanimidad. La Ley de Justicia Tributaria que evidenció la vileza y podredumbre del sistema, está incorporada”. En consecuencia, la Ley de Justicia Tributaria es reconocida, a nivel nacional e internacional, como una reforma necesaria y fundamental para transformar la estructura productiva nacional, con equidad y justicia social.
