La embajada de los Estados Unidos en Bogotá radicó de manera formal la solicitud para que Jesús Santrich, uno de los líderes del partido FARC, sea extraditado para ser juzgado por un caso de narcotráfico, informó la Cancillería colombiana.
La solicitud fue remitida al Ministerio de Justicia, así como a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que había suspendido su extradición, y a la Fiscalía General, detalla el Ministerio de Relaciones Exteriores en un escueto comunicado.
«La Embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá radicó la solicitud formal de extradición del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, la cual ya fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la Nación», explicó la Cancillería.
El ex líder guerrillero, cuyo nombre de pila es Seuxis Paucias Hernández, fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá sobre la base de una circular roja de la Interpol a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo definitivo de paz, el 24 de noviembre de 2016.
El pasado 17 de mayo, la JEP, que se encarga de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, suspendió el trámite de extradición de Santrich a Estados Unidos, lo que desencadenó una catarata de reacciones.
Entre ellas, las de la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, que consideran que ese organismo se extralimitó en sus funciones.
El mismo día de su captura, Santrich inició una huelga de hambre en protesta contra lo que considera un «montaje», por lo que fue trasladado al Hospital El Tunal, y luego recluido en la sede de la Fundación Caminos de Libertad, una institución del Episcopado colombiano por «razones humanitarias».
Santrich, que es uno de los cinco miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) designados para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes a partir del próximo 20 de julio, suspendió la huelga de hambre 41 días después.
El pasado sábado 2 de junio, tras constatar que su estado de salud era normal, las autoridades lo devolvieron a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde ha avisado que podría comenzar de nuevo la huelga de hambre si se reactiva el trámite de extradición.
