Con 120 bloqueos montados por campesinos aimara y quechua, así como los sindicatos mineros, que han paralizado la red viaria boliviana, se ha logrado un insólito consenso entre el Gobierno interino de Jeanine Áñez y el expresidente Evo Morales para aprobar en el Congreso una ley que fija la fecha de las elecciones presidenciales de forma vinculante en el 18 de octubre. Se verá en los próximos días si Morales tenga la autoridad ya para pacificar a los pueblos indígenas, que reivindican la renuncia de Áñez y el adelanto de la fecha electoral.
El expresidente pidió, desde su exilio en Argentina, la desmovilización de las protestas para evitar enfrentamientos violentos y facilitar las elecciones, en las que su candidato, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), será favorito siempre que no vaya a una segunda vuelta el próximo 29 de noviembre. Representantes en La Paz de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal se unieron al llamamiento a la paz social.
La nueva ley “es lo único que puede evitar una confrontación violenta”, dijo Fernando Mayorga, de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, en una entrevista telefónica. Ya existen contramanifestaciones de grupos antiindígenas en un país fuertemente polarizado nueve meses después de la renuncia forzada de Morales. “Aquí en Cochabamba están actuando grupos paramilitares contra los bloqueos”, dijo Mayorga.
