La ministra de finanzas, Rixi Moncada y el procurador general de la república, Manuel Díaz Galeas, denuncian a red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector Justicia, que ha condenado al Estado, con una sentencia espuria, a pagar 3,000 millones de lempiras producto de una demanda que fue desestimada en una Corte Federal de Washington.
«Como resultado de las trampas y las argucias legales, la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central, ha sido embargada por la Corte de Justicia en 2,600 millones de lempiras, DEJANDO INSOLVENTE AL ESTADO, por lo que, con base en el supremo interés público, asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro, para el pago a las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial« lee el comunicado presentado por gobierno.
Los ministros hacen un llamado al Ministerio Público, para que el mismo proceda contra esta red de corrupción Nacional e internacional que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a planillas del presupuesto.
CONTEXTO DEL CASO
1 | Después del Huracán MITCH en el año 1998, la USAID a través del FHIS, financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional, adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC, representada en la actualidad por el señor Murray Paul Farmer, un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
2 | Para ejecutar las obras, la empresa DRC INC subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a nuestro país a fiscales especiales quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
3 | En 2007, la empresa DRC INC sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato, y, dos años después (2009) este proceso sin mediar ley, fue trasladado a un Centro de Conciliación y Arbitraje que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras, donde de forma veloz y en el marco del golpe de Estado (7 septiembre 2009) se dictó una resolución o Laudo Internacional y sin tener ninguna facultad condenaron al Estado a pagar a la empresa DRC INC los supuestos daños y perjuicios por la suspensión del contrato.
4 | La empresa DRC INC presentó demanda contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal en Washington DC. CASO NO. 1:10-CV-00003-PLF, con fundamento en el Laudo Arbitral Internacional que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras, y, el 23 de octubre de 2014, la Corte Federal en Washington, dictó sentencia declarando que LA REPÚBLICA DE HONDURAS NO TIENE OBLIGACIÓN DE PAGAR LA DEUDA DE USAID-FHIS y que Honduras tiene inmunidad soberana.
5 | Después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo post golpe, FHIS, SEDECOAS, PGR, y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años, en 2020 la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó al Estado a pagar a la subcontratada empresa Nacional de Ingenieros S.A. NAINSA, representada por los señores Ivis German Lopez Ayestas y Lily Raudales Villafranca, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales, como consecuencia de una cesión parcial que le hizo la empresa DRC INC. Esta empresa Nacional de Ingenieros S.A. también demandó por 1,200 millones de lempiras por daños y perjuicios por un contrato con la ENEE y el Estado fue también condenado.
6 | Ahora, a días de vacar la Corte de Justicia, nuevamente y con el mismo laudo dictado en pleno golpe de estado, los jueces han condenado a que el pueblo hondureño pague de manera inmediata y con varios bufetes presionando por parte de la empresa DRC INC, la inmensa suma de 2,600 millones de lempiras, adicionales a lo que ya se le pagó a la empresa subcontratada Nacional de Ingenieros S.A.
La Procuraduría General de la República, a partir de esta administración 2022, ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia, entre recursos de reposición, apelación, oposiciones, nulidades, amparos, ad efectum videndi, prejudicialidad penal, quejas, antejuicios, recusaciones, denuncias por prevaricato judicial; ante la Inspectoría de Tribunales, el Ministerio Público, la UFERCO, las cortes de apelaciones y la Sala de lo Constitucional, sin encontrar un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del estado valiéndose de fallos corruptos y prevaricadores.
