Tegucigalpa, Honduras. – Tras asumir su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el traslado masivo de migrantes de diversos países hacia sus lugares de origen, cumpliendo con su promesa de campaña. En respuesta a esta situación, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el pasado martes, a través de una cadena nacional, el lanzamiento de un programa de emergencia denominado «Hermano Vuelve a Casa». Este programa tiene como objetivo brindar apoyo a los migrantes obligados a regresar a su país.
El programa ofrece $100, una ración de alimentos de entre 75 y 80 libras, y $1,000 en capital semilla para iniciar pequeños y medianos emprendimientos mediante las cajas rurales y urbanas. También se implementarán programas asistenciales y se crearán empleos en sectores como formación profesional, seguridad, policía y protección forestal, facilitando así la integración de los deportados en el desarrollo económico nacional.
A pesar de estas medidas, varios sectores de la sociedad civil y la empresa privada han expresado reservas sobre la efectividad del programa. Figuras como Carlos Hernández de la Asociación para una Sociedad más Justa y Alejandro Cafati del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señalan que el gobierno debe profundizar en el análisis de las necesidades reales de los migrantes, ya que la iniciativa no aborda completamente los desafíos de la reintegración. El COHEP ha propuesto la elaboración de una política nacional más integral que garantice una mejor adaptación de los deportados.
El gobierno de Castro también ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos para iniciar de manera inmediata un diálogo sobre migración con acciones concretas tanto para los migrantes dentro de su territorio como aquellos en tránsito o deportados. Ya han arribado al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en La Lima más de 133 hondureños deportados desde Houston, Texas, lo que evidencia la urgencia de abordar de manera efectiva esta crisis migratoria.
La sociedad hondureña espera una socialización completa del plan y que se involucre la participación de los diferentes sectores para asegurar un retorno seguro de los hondureños, así como la generación de empleo y prosperidad en el país.
