La agresión armada de Rusia se está convirtiendo en sinónimo de tortura y otras crueldades inhumanas, afirmó un experto de la ONU.
«El volumen de denuncias creíbles de tortura y otros actos inhumanos que las autoridades rusas están perpetrando contra civiles y prisioneros de guerra parece no cesar», ha declarado Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al término de una visita oficial a Ucrania.
«Estos graves actos no parecen aleatorios ni fortuitos, sino orquestados como parte de una política de Estado para intimidar, infundir miedo, castigar o extraer información y confesiones», afirmó Edwards en una declaración.
El experto en tortura de la ONU recogió testimonios desgarradores sobre la aplicación de cargas eléctricas en oídos y genitales, palizas de todo tipo, simulacros de ejecución a punta de pistola, ahogamientos simulados, obligación de mantener posturas de tensión, amenazas de violación o muerte y diversas ceremonias de ridiculización y humillación. Los civiles y soldados ucranianos retornados relataron que estaban hacinados en sótanos y celdas, en condiciones de hacinamiento, y mal alimentados. Varios perdieron niveles peligrosos de peso.
Edwards afirmó que estos actos constituirían tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos en todo momento y circunstancia por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
«Dado que la prohibición mundial de la tortura refleja nuestra aspiración compartida de vivir en sociedades libres de temor, los autores, incluidos los de más alto nivel, deben ser llevados ante la justicia», subrayó.
Durante su visita del 4 al 10 de septiembre, la relatora especial examinó los procedimientos y prácticas de investigación y enjuiciamiento de esos delitos de tortura cometidos en el contexto del conflicto armado. Según cifras del Gobierno ucraniano, hasta la fecha se han registrado más de 103.000 procedimientos por crímenes de guerra.
«Un reto importante para las autoridades es hacer frente a la enormidad de las acusaciones, lo que ha exigido la ampliación de las operaciones, la dotación de personal y el conjunto de competencias», afirmó la relator especial. El trabajo que las autoridades ucranianas están llevando a cabo para documentar los crímenes de guerra es tanto más impresionante cuanto que se está realizando ‘en tiempo real’. Esa actuación temprana prácticamente no tiene precedentes en ningún lugar del mundo.»
«El deber internacional de todo país de investigar y perseguir los delitos de tortura y otros actos inhumanos no se ve alterado por la guerra u otras circunstancias excepcionales. Sin embargo, estas circunstancias plantearían grandes retos a cualquier sistema», afirmó el experto.
Edwards fue informada de los múltiples obstáculos que impiden hacer justicia a las víctimas. Entre ellos, la inaccesibilidad de las zonas actualmente ocupadas, la pérdida de pruebas cruciales debido al deterioro y al lapso de tiempo transcurrido entre el crimen y la liberación, cuando pueden comenzar las investigaciones, y la adaptación del sistema de justicia penal para poder procesar y juzgar crímenes atroces internacionales.
El Gobierno ucraniano informó de que ha reforzado su sistema de fiscales regionales mediante la creación de unidades móviles de investigación, ha ampliado los conocimientos forenses y las instalaciones de pruebas, y está mejorando la tecnología y las técnicas de obtención de pruebas.
Durante su visita de siete días a Ucrania, la experta también visitó distintos lugares e instalaciones e inspeccionó las condiciones de trato de los prisioneros de guerra rusos y de los acusados de crímenes relacionados con el conflicto.
Respeto a los prisioneros rusos
He comprobado que las autoridades ucranianas se han esforzado sinceramente por tratar con respeto a los prisioneros de guerra rusos. Las instalaciones tipo barracón que visité eran higiénicas y estaban ordenadas. Los prisioneros estaban bien alimentados, recibían atención médica por sus heridas en el campo de batalla, podían practicar su religión y disponían de trabajo remunerado e instalaciones recreativas», declaró Edwards.
La relatora especial se reunió con altos funcionarios del Gobierno, miembros del Tribunal Supremo, todos los servicios implicados en la investigación y persecución de los delitos de tortura, la Jefatura de Coordinación sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra, y el Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo) y el Mecanismo Nacional de Prevención. También se reunió con representantes de la comunidad diplomática, las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Realizó diversas entrevistas con personas privadas de libertad, así como con víctimas y supervivientes.
