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    Lamentan que autoridades dejen en la indefensión a víctimas de violencia doméstica

    El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) lamentó hoy que autoridades encargadas de la seguridad en el país no hayan atendido el llamado hecho por la señora Lisvany León, que habría denunciado, desde hace varios meses, ser víctima de violencia doméstica por parte de su ex pareja, y que temía por la integridad física y la vida de ella y sus familiares.

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    La víctima denunció que, el pasado 14 de agosto, fue agredida, por enésima vez, por su ex pareja identificado como Fredy Luna Valle, en un sector de San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida. En esa ocasión, también fue objeto de agresión, su madre que, por la gravedad de los golpes y las heridas con arma blanca, tuvo que ser hospitalizada.

    Dos semanas después de la agresión, Lisvany León confirmó la muerte de su madre, Amelia León supuestamente por la golpiza recibida por parte de Luna.

    “La policía no hizo nada, porque la Fiscalía de la Mujer dio una orden de protegernos a mi mamá y a mí, orden que dicha policía no ha cumplido, ni siquiera se han presentado a mi casa, como rutina, a pasar, una vez a la semana, ni siquiera eso, no nos han brindado nada de protección” denunció.

    Desde el 8 de agosto de 2019, Yeimi Lisvany León denunció a Fredy Luna por actos de violencia doméstica por lo que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba falló declarando con lugar la denuncia de carácter patrimonial y psicológica, ratificando las medidas de seguridad precautoria y cautelares al agresor, sancionándolo con un mes de trabajo comunitario.

    El director del Despacho del CONADEH, Ricardo López, fue enfático al señalar que el Estado de Honduras, a través de las autoridades, está en la obligación de garantizar los derechos humanos de toda su población y, en el caso de la persona que está denunciando, el Estado es responsable.

     Agregó que la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, ha girado instrucciones precisas para actuar de inmediato sobre este y otros casos donde esté de por medio en riesgo la integridad física y la vida de las personas, en cualquier parte del territorio nacional.

    Para el CONADEH, es importante garantizar la integridad física mediante medidas de protección para evitar daños irreparables en contra de la persona que ha presentado la denuncia, dijo López.

    Agregó que junto al presidente del CODEH, Hugo Ramón Maldonado harán las coordinaciones necesarias para poder agilizar los procedimientos y solicitar las medidas de protección y el acompañamiento que sea necesario para evitar un daño irreparable para la integridad de la persona.

    Indicó que será importante determinar las causas por las cuales las autoridades del Estado hondureño no realizaron el procedimiento oportuno para evitar que se sigan dando estos hechos de violencia que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas.

    Recordó que el CONADEH tiene una Unidad de Desplazamiento Forzado Interno con un equipo de expertos que pueden orientar y brindar asistencia psicosocial a las víctimas en el procedimiento a seguir, para incluso poder solicitar protección internacional en un tercer país con miras a evitar nuevas agresiones que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas.

    Un informe divulgado por el CONADEH reveló que, cada 20 horas una mujer está en riesgo o es víctima de desplazamiento forzado en Honduras.

    Solo en el 2021, atendió 917 casos de desplazamiento forzado de personas, de los cuales 280 fueron presentadas por mujeres que aseguraron estar en riesgo mientras que, otras 157 afirmaron ser víctimas de desplazamiento forzado, para totalizar 437 quejas que representan el 48%.

    Alrededor del 51% de las mujeres denunciaron ser víctimas de amenazas, un 7% por extorsión, el 5% por violencia doméstica, mientras que, el porcentaje restante, incluye otras modalidades de delitos.

    Entre los principales agresores figuran personas desconocidas con un 37%, maras y pandillas el 20%, en un 10% de los casos el principal responsable es su pareja y en un 15% los responsables son personas conocidas para las víctimas.

     

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