Los trabajadores del gobierno federal están en vilo, desde el pasado 1 de julio que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial.
No es parara menos. Desde su campaña, el próximo presidente de México anunció cambios drásticos en la estructura y presupuesto del gobierno federal.
Entre ellos, reducción de altos salarios, eliminación de áreas y la mudanza de al menos 15 secretarías de Estado (ministerios) y al menos otras 16 dependencias federales.
Toda una recomposición que tiene como argumentos la austeridad –para el caso de sueldos y la reestructura– y el impulso del desarrollo regional en los estados –en la mudanza de oficinas–.
Pero a la fecha hay todavía tan poca información y datos para evaluar estas decisiones, que se abren espacios a la especulación y la interpretación política.
Por ejemplo, que el gobierno de López Obrador pretendería, con la desconcentración, que su gobierno tenga más presencia en los estados para controlar y limitar a los gobernadores.
También, que las medidas de austeridad –que afectarán sobre todo a empleados de confianza- tengan en realidad el propósito de una «depuración» que permita a su administración sustituir a quienes renuncien con personas cercanas a su partido Morena.
«Son razones políticas no explícitas, que no se pueden descartar en tanto no haya más información y argumentos que sostengan esas decisiones», dice David Arellano Gault, doctor en administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
