Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Fiscalía Especial de Impugnaciones, interpondrá un recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria que la sala I del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional otorgó a Allan Josué Alvarado Cruz conocido también con los nombres de Carlos Roberto Figueroa Hernández y Steven José Ramos Cruz y con el alias de “Cholo Catracho”, fallo que es contrario a los intereses de la justicia.
Al sindicado, el Ministerio Público lo llevó a juicio oral y público por suponerlo cabecilla de la organización criminal MS-13 a nivel nacional e incurrir en la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, usurpación de personalidad de otros y cohecho cometido por particulares en perjuicio de la economía de Honduras, otros derechos fundamentales, la fe pública y la administración pública del Estado, respectivamente.
Asimismo, fueron favorecidos junto a alias “Cholo Catracho” los coimputados José Edgardo Matute Galindo y Nallely Yasury Herrera Salinas, supuestos responsables de los ilícitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Según informe investigativo, el sábado 26 de junio del año 2021, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibieron una alerta de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) de un vehículo sospechoso que se desplazaba de la ciudad de Choluteca hacia Tegucigalpa, por lo que de inmediato se coordinó y colocó un retén en el eje carretero a la altura del kilómetro 39 de la aldea La Ceibita, municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán.
Los oficiales realizaron señal de parada a un automotor tipo turismo, marca Honda, modelo Civic, con placas PEB-0595, el cual era tripulado por dos hombres y una mujer, quienes al momento de preguntarle por sus nombres se identificaron como Carlos Roberto Figueroa Hernández, José Edgardo Matute Galindo y Nallely Yasury Herrera Salinas.
Seguidamente, procedieron a practicarles un registro personal encontrándoles cuatro mil 500 dólares, nueve mil 500 lempiras, 850 córdobas, documentos personales (uno de ellos era una licencia de conducir a nombre de Carlos Roberto Figueroa Hernández con número de identidad 1510-1984-00012) y dispositivos celulares.
En el momento que se verificó la información de Carlos Roberto Figueroa Hernández en el sistema NACMIS, resultó tener antecedentes por otros delitos; a preguntas de los agentes policiales manifestó que había sido detenido una vez por “faltas”, instante en el cual dicha persona le hizo un ofrecimiento de tres mil dólares al subcomisario a cargo del operativo para que lo dejara en libertad.
Una vez identificados plenamente los sospechosos se constató que quien se identificó con el nombre de Carlos Roberto Figueroa Hernández era en realidad Allan Josué Alvarado Cruz con identidad 0801-1993-17968 con antecedentes por tener condena por el delito de asesinato en el expediente 1105-2005 del tribunal de sentencia de Tegucigalpa, de igual manera tenía otras condenas en el expediente judicial 2185-03 del juzgado de letras unificado de Tegucigalpa y fue detenido en 11 ocasiones por diferentes faltas, asimismo el sistema registró dos órdenes de captura pendientes por el delito de lesiones libradas en fechas 14 de noviembre de 2006 y 3 de junio de 2009.
Al historial delictivo de Allan Josué Alvarado Cruz se suma el hecho que el 1 de junio de 2017 el fue detenido en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, junto a otras personas, a quienes se les decomisaron varios vehículos tipo motocicleta, munición de uso prohibido, armas de fuego de uso permitido y de uso prohibido; igualmente en el 2011 se reportó su fuga de la penitenciaria de Támara y por ello usurpaba otros nombres como el de Steven José Ramos Cruz.
Por todo lo anterior, el Ministerio Público no comparte la decisión de los jueces de sentencia de otorgar carta de libertad a Allan Josué Alvarado Cruz, pues los hechos reflejan claramente los delitos imputados, por lo que con el recurso impugnativo a interponerse ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pretende revertir el fallo absolutorio y que sea otro tribunal el que conozca y valore racionalmente el caso.
