El paro nacional que se inicia este jueves en Colombia en contra del llamado «paquetazo de Duque» ha estado precedido de allanamientos a organizaciones sociales y fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por sus organizadores como «tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta».
Los días previos han estado marcados por los reiterados desmentidos del presidente Iván Duque sobre las supuestas reformas laborales y pensionales que haría su Gobierno y los llamados de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a estar alertas ante los «intereses de otros» que quieren «destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador».
Por otro lado, la tensión se elevó con los allanamientos «preventivos» en busca de «material terrorista» en medios de comunicación y colectivos y con el reforzamiento de la presencia de los militares en las calles, mientras que la frontera está cerrada desde la medianoche del martes.
El llamado a esta paralización de actividades, que será acompañada por acciones de calle, se hizo el pasado 4 de octubre durante el denominado Encuentro Nacional de Emergencia —organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y más de cien movimientos sociales—, donde también se fijó la fecha para la ‘Toma de las capitales’, una gran manifestación en contra de las políticas laborales Duque que se realizó el pasado 17 de octubre.
Censura a medios
Distintas organizaciones sociales, movimientos sindicales, figuras políticas y partidos han rechazado los allanamientos que han hecho las autoridades a colectivos que han participado en las movilizaciones anteriores en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De igual forma, se ha alertado sobre acciones en contra de quienes distribuyen en volantes y carteles propaganda a favor del paro.
Entre los afectados se encuentra la revista cultural Cartel Urbano, el colectivo gráfico Puro Veneno —que hizo un grafiti ‘¿Quién dio la orden?’ sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2000 y 2010, y que fue borrado por las autoridades—, y otros grupos como La Otra Danza Colectivo, Ak al Konvate y Subversión.
En un video compartido por Cartel Urbano se observa la llegada de las autoridades a esas instalaciones y el documento con la orden de registro por presunción del delito de «fabricación, tráfico y porte de armas de uso militar». Además, se les ha señalado de alentar la protesta, de tener pancartas a favor y de guardar material explosivo, lo que ha sido negado por ellos en un texto colgado en su página web.
La revista ha catalogado esta acción como un «atentado a la libertad de prensa» debido a que un medio de comunicación tiene el derecho a promocionar la protesta, si así quisiera, según han indicado en el escrito.
Un pronunciamiento de rechazo similar ha hecho la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que denunció la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional de eliminar un manual de autoprotección contra El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que colgó en su página web el medio digital Cerosetenta, perteneciente a la Universidad de Los Andes.
