La semana pasada una niña de 11 años, oriunda de la provincia argentina de Tucumán, fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación. Por esa razón, las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti presentaron una denuncia por el delito de abuso de autoridad contra el gobernador del distrito, Juan Manzur, y otros funcionarios.
La menor, denominada ‘Lucía’ para preservar su verdadera identidad, había sido víctima de una violación por parte de la pareja de su abuela y, tal como estipula la legislación argentina, podía acceder a un aborto.
Si bien ‘Lucía’ había pedido que se le practicara la interrupción legal del embarazo -de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921- y contaba con el aval de su madre, este no se llevó a cabo.
Funcionarios políticos de la provincia y miembros del personal de salud demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la niña. Finalmente, por lo avanzado del embarazo, se le debió practicar una cesárea que ha sido denunciada como un parto forzado.
⚠️La niña de 11 años fue víctima de un embarazo infantil forzado.
En el caso niña aplicaba con claridad las causales de aborto legal:
➡️riesgo para la salud
➡️cuando el embarazo es consecuencia de una violación— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) February 27, 2019
