Tegucigalpa. Una mujer que transportaba al interior de cuerpo dos paquetes conteniendo marihuana fue detenida la tarde del sábado cuando pretendía ingresar como visita al Centro Penitenciario “El Pozo I» en Ilama, Santa Bárbara.
Autoridades de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) informaron, que Tania Paola Trigueros Alvarado (21), originaria y residente en La Lima, Cortés, fue detenida al pasar por el escáner que evidencio que transportaba un paquete al interior de su cuerpo.
Al realizar el hallazgo, las autoridades trasladaron a la fémina a las instalaciones de Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y a su vez a Medicina Forense para que procediera a una inspección personal y la extracción del paquete.
En presencia de una especialista, fiscal y agente de la DPI, la forense extrajo “del área rectal, un preservativo que en su interior tenia dos paquetes de marihuana», por lo que de inmediato la agente le informó que estaba detenida y procedió a leerle sus derechos.
Declararon, que la joven mujer será acusada por el delito de facilitación de los medios del transporte para el trafico ilícito de drogas. La marihuana seria entregada al privado de libertad, José Luis Pacheco Montejo, miembro de la Pandilla 18.
Sanción
Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario ( INP) afirmaron que la fémina será sancionada conforme al Reglamento Disciplinarios para la Visita en los Centros Penitenciarios, sin perjuicio de la acción penal.
Antecedentes
Mencionaron que en lo que va del año, al menos treinta personas han sido procesadas y sancionadas por intentar introducir droga, teléfonos celulares u otros objetos de uso prohibido para las personas privadas de libertad.
Indicaron, que la mayoría de las personas acusadas son mujeres, “la mayor parte son las parejas de privados de libertad, madres y amigos, estos últimos pretendian solo dejar los paquetes y retirarse, pero la inspección oportuna evito drogas y teléfonos celulares fueran introducidos a los centros».
Aconsejaron a las personas, no poner en riesgo su libertad al participar en un acto ilìcito, «ya no estamos en el pasado cuando estos casos quedaban en la impunidad, ahora trabajamos de manera coordinada con la DPI y el Ministerio Publico para judicializar estos casos».
