Tegucigalpa, Honduras. – El Poder Ejecutivo, que lidera la presidenta Xiomara Castro, hace su parte al someterse a las recomendaciones que en materia de derechos humanos realizan el Sistema Interamericano y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero necesita el acompañamiento del Congreso Nacional (CN), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio Público (MP) para terminar con la impunidad y prevenir violaciones de derechos humanos.
La sinapsis describe la valoración positiva a la labor de dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en materia de derechos humanos, subrayó el Relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, en una conferencia de prensa con la que cerró su visita de 10 días al país por el auspicio del Poder Ejecutivo hondureño.
El diplomático se reunió con la presidenta de la República, el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya, la titular de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, entre otras autoridades.
La visita fue para evaluar los avances y omisiones en implementar recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos desde las visitas al país de sus predecesores, Asma Jahangir y Christof Heyns, en 2001 y 2016, respectivamente.
Momento único
Tidball-Binz destacó el momento excepcional que representa la voluntad política del gobierno de la Presidenta Castro de someterse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como de otros organismos del sistema, además de crear protocolos para la Policía Nacional en favor de grupos vulnerables.
Titulado “Honduras debe aprovechar la oportunidad histórica de prevenir e investigar las muertes ilícitas”, el comunicado insta a la sociedad hondureña a “hacer frente a décadas de impunidad de las ejecuciones extrajudiciales y responsabilizar a los autores”.
De forma enfática, destacó “la manifiesta voluntad política y los esfuerzos en curso del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos, (que) deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas”.
