Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, una Comisión de Alto Nivel, integrada por el Gabinete de Derechos Humanos, se desplazará al sector de Punta Gorda, Islas de la Bahía, donde varias familias garífunas fueron reprimidas y desalojadas por las fuerzas del orden.
En conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, dijo que lo ocurrido en la zona insular va contra la política de no represión que caracteriza al gobierno solidario de la primera mujer presidenta de Honduras.
Una cosa es la independencia de poderes y otra el respeto de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios que están protegidos por el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Honduras es signatario.
Fue justamente la titular del Ejecutivo, la primera que reaccionó al conocer del violento desalojo ordenado por el Poder Judicial.
