Santiago Solans Portillo, el comerciante que regresó desde Miami con COVID-19, fue procesado hoy por el juez federal Federico Villena acusado de propagar una enfermedad “peligrosa y contagiosa” y se dictó un embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos: el delito por el que se lo procesa tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Solans Portillo, oriundo de Capilla del Señor, había viajado a Miami para darse la vacuna. Al volver al país el 2 de mayo, viajó con 259 personas y 12 tripulantes. Sin embargo, en el aeropuerto de Ezeiza detectaron que podía ser un caso sospechoso al hacerle los controles de temperatura: tenía 38 grados. Fueron las autoridades de Migraciones las que difundieron el caso reclamando que los ciudadanos fueran “responsables”.
Cuando le tocó declarar en indagatoria, el acusado -un licenciado en Comercio Exterior y dueño de una marca que se dedica a servicios de hidrolavados de casas y edificios- negó las imputaciones en su contra desde el hotel en el que estaba aislado y detenido. Desligó la responsabilidad con la aerolínea que le permitió subir al avión y en la tarjeta de crédito a través de la cual tenía cobertura médica.
Según su versión, viajo a Estados Unidos junto a su novia y unos amigos y que se aplicó allí la vacuna de Pfizer. Admitió que horas antes de su regreso se había hecho un análisis en un centro médico que le dio positivo, pero que el supuesto médico George Saliba, del consultorio Doctor Now, le aseguró que seguramente era “un falso positivo” y por eso le hizo un certificado de que podía viajar. Allí mencionó a la empresa de la tarjeta de crédito a través de la cual tenía cobertura médica, al señalar que desde allí le indicaron cómo debía proceder.
Al mismo tiempo, el acusado aseguró que él le había enviado a la aerolínea el primer informe médico que hablaba de COVID-19 positivo. Su versión fue confirmada por American Airlines ante el juzgado. La empresa presentó un escrito en donde admitió que hubo un error por parte del personal en Miami que recibió el certificado positivo y le permitió subir igual al avión.
Hoy el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que había ordenado inicialmente su arresto y luego lo excarceló, decidió firmar su procesamiento. Solans Portillo “tenía pleno conocimiento de su resultado positivo para COVID-19 y pese a ello, abordó el vuelo de regreso a este país, colocando en una situación de peligro o riesgo la salud de la tripulación, pasajeros, empleados de las terminales aéreas en las que operó; ello sin importar el resultado”. Es decir: no importa si contagió a alguno de los pasajeros. Su solo accionar alcanza para configurar el delito.
La reglamentación es clara: “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de ‘caso sospechoso’ o la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias”.
