En medio de la vorágine causada por las decisiones consecutivas y contradictorias del Tribunal Supremo Español con respecto al pago del impuesto hipotecario, un ciudadano español ha logrado un fallo favorable que obliga a la entidad bancaria con la que tiene suscrita su hipoteca a devolverle más de 3.000 euros, parte de ellos en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
«Pueden seguir mi ejemplo», dijo el ganador del juicio al diario La Vanguardia, durante una entrevista concedida este martes, refiriéndose a otros usuarios de hipotecas que quieran reclamar el importe del mencionado impuesto.
Todo empezó hace año y medio, cuando Gabriel Clemente, titular de un préstamo hipotecario de 180.000 euros obtenido en 2007, decidió consultar las condiciones de su hipoteca con un bufete jurídico especializado, para ver si podía reclamar algún importe por las llamadas ‘cláusulas suelo’. No era su caso, pero le recomendaron denunciar por los gastos, incluido el impuesto en cuestión.