La violencia ha alcanzado niveles alarmantes en Olancho, convirtiéndose en uno de los departamentos más peligrosos de Honduras. Autoridades y expertos en seguridad han expresado su preocupación por el aumento de homicidios, especialmente los que ocurren dentro de los hogares, generando un ambiente de miedo generalizado.
Nelson Castellanos, experto en seguridad, atribuye la crisis a la falta de eficacia de los entes de seguridad pública. Describe la región como una «zona sin ley» debido a la ausencia de un sistema de justicia efectivo y la falta de resultados en el combate contra el crimen organizado. Esta situación permite a los grupos criminales operar con impunidad y actuar violentamente, resultando en un elevado número de muertes y masacres. Castellanos critica la respuesta reactiva de las autoridades, en lugar de una acción preventiva.
Por su parte, el Comisionado General de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, defendió las acciones de la institución, explicando que la mayoría de los crímenes se cometen en ambientes familiares, lo que dificulta la intervención policial sin una denuncia formal. Asocia la situación al machismo presente en la zona. Martínez Madrid enfatiza que la responsabilidad no recae únicamente en la Policía Nacional, sino que involucra a todos los ciudadanos, incluyendo autoridades locales (gobernador, alcaldes, regidores), padres de familia, líderes comunitarios y educativos, quienes tienen la capacidad de influir positivamente en la seguridad de Olancho. También señala que muchos ciudadanos en Olancho se caracterizan por portar armas y mantener una hegemonía machista, factores que contribuyen a la inseguridad.
La situación se agrava por la presencia de grupos criminales que operan en la sombra, ejerciendo un control creciente sobre el territorio. Los habitantes de Olancho viven bajo la amenaza constante de la violencia, con una respuesta estatal considerada insuficiente para detener la escalada de homicidios.
Aunque se han implementado medidas de seguridad, los expertos insisten en la necesidad de un esfuerzo conjunto entre autoridades locales y la ciudadanía para recuperar el control y restaurar la paz en la región.
