Ante el preocupante aumento de la violencia infantil en el país, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Ministerio Público han unido esfuerzos para judicializar con mayor firmeza los casos de abuso contra menores. Esta colaboración interinstitucional busca garantizar una respuesta rápida y efectiva, protegiendo así los derechos de los niños y niñas afectados por situaciones de maltrato.
A través de este trabajo conjunto, las víctimas involucradas están recibiendo medidas de protección, mientras que los agresores ya están en proceso judicial, con algunos incluso en privación de libertad. La estrategia se enfoca en fortalecer la relación interinstitucional para la investigación prioritaria de los casos de vulneración de derechos, especialmente en las zonas norte, sur, oriente y occidente del país, donde se reportan numerosos casos.
Próximamente, se espera informar sobre los avances de esta estrategia, destacando casos emblemáticos donde se mostrará la celeridad del proceso judicial y la justicia para las víctimas. Como explicó el fiscal general, se trata de hacer justicia para los niños y niñas víctimas de la violencia. Aproximadamente el 85% de los casos tienen que ver con la necesaria articulación de la información, parte esencial de la estrategia.
La situación se ha vuelto alarmante debido al notable aumento de las denuncias de violencia infantil. Según datos de SENAF, en lo que va del 2025 se han registrado más de 340 denuncias de vulneración a los derechos humanos de los menores, lo que subraya la urgente necesidad de generar una respuesta más ágil y eficaz.
La implementación de estrategias más firmes en la judicialización de estos casos busca garantizar que los responsables sean sometidos a la justicia, ofreciendo así una vía para la reparación y protección de las víctimas. El secretario general de SENAF, Alex Navas, explicó que el Ministerio Público juega un rol clave en la persecución penal de los agresores, asegurando que estos crímenes no queden impunes.
En una reciente conversación con el fiscal general, se establecieron estrategias conjuntas para abordar la violencia contra los niños, una cuestión que afecta no solo a las escuelas y centros comunitarios, sino también a las familias. SENAF y el Ministerio Público se han comprometido a que estos procesos se lleven a cabo con la mayor celeridad posible, llevando a los responsables ante la justicia lo más pronto posible.
Es fundamental que el país reconozca el impacto que la violencia tiene sobre la niñez, no solo en términos de su bienestar físico y emocional, sino en su desarrollo futuro como individuos y miembros de la sociedad. El refuerzo de la judicialización de los casos de violencia infantil no es solo una respuesta inmediata, sino también una forma de proteger los derechos fundamentales de los menores y asegurar que el sistema judicial actúe con diligencia y eficacia.
