La crisis en el subsector eléctrico hondureño ha drenado las finanzas del Estado durante años, obstaculizando el desarrollo del país. Esta situación ha desviado recursos esenciales que podrían haberse invertido en áreas como salud, educación y seguridad, privando así a la ciudadanía hondureña de beneficios fundamentales.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, lleva más de una década exponiendo las irregularidades en los contratos de generación de energía. Estas prácticas no solo benefician a un grupo privilegiado, sino que además perjudican gravemente a la población más vulnerable de Honduras.
Recientemente, autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron el envío al Congreso Nacional de dos paquetes de contratos renegociados que carecen de la transparencia necesaria para su aprobación. Frente a este contexto, ASJ se pronuncia en los siguientes términos:
1. El artículo 4 del Decreto 046-2022, de la “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”, otorgaba 60 días hábiles a la ENEE para renegociar contratos en operación comercial. Este plazo expiró en agosto de 2022, y hasta la fecha, los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos no han sido revelados ni enviados al Congreso Nacional.
2.
El artículo 9 del mismo decreto establece plazos específicos y definitivos para que la ENEE ejecute la depuración y rescisión de contratos aún no operativos. Sin embargo, hasta la fecha, la ENEE no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso ni el estado actual de los aproximadamente 94 contratos que requerían depuración.
3.
En cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información pública, el pueblo hondureño tiene el derecho de conocer cada uno de los contratos en operación que han sido renegociados, antes de que sean enviados al Congreso Nacional, con sus respectivas modificaciones, cambios y adendas, incluyendo rebajas en el kWh, cambios en plazos de duración y su impacto en la tarifa del usuario final; así como los contratos en proceso de depuración comercial que debieron ser rescindidos, incluyendo las condiciones contractuales bajo las cuales opera la nueva planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA.
4. Instamos a las autoridades a adherirse estrictamente a lo establecido en el Decreto 046-2022 y evitar reactivar contratos que han estado inactivos durante más de una década, lo cual ha agravado el déficit energético y causado severos daños al país.
5. Desde ASJ hacemos un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que analicen meticulosamente y debatan públicamente cada uno de los contratos renegociados, asegurándose de transmitir estos debates en vivo. Es responsabilidad de los parlamentarios no aprobar contratos que no estén en estricto apego a lo establecido en la Ley y resulten lesivos para las finanzas de la estatal eléctrica y el bolsillo del pueblo hondureño.
Reiteramos nuestro compromiso por una energía más accesible, más barata, más transparente y más amigable con el medio ambiente. Esto no solo es vital para el bienestar económico de Honduras, sino fundamental para asegurar una sociedad más justa para los hondureños.
