Con el objetivo de fortalecer la Seguridad Social de la población hondureña, el Canciller Eduardo Enrique Reina, firmó la adhesión de Honduras, al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, instrumento internacional que protege los derechos de los trabajadores migrantes, multinacionales y sus familias.
Los beneficios que obtendrán los compatriotas, es en el ámbito de prestaciones, mediante la coordinación de legislaciones en materia de pensiones, como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los Diferentes Estados Iberoamericanos.
El Canciller Reina, manifestó, que con esta adhesión, “Se busca garantizar la protección de los derechos de nuestra comunidad migrante en países que conforman la región Iberoamericana, en consonancia con las nuevas políticas en materia de seguridad social, que actualmente impulsa el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro”.
Durante la firma, estuvo presente; la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón; la Directora para la Cooperación con América Latina y el Caribe (AECID), Laura Oroz; el Secretario Adjunto Iberoamericano, Marcos Pinta Gama; el Embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien calificó este acto, como un avance significativo para la protección de la comunidad migrante en ese país.
DATO
Después de años de trabajo y tras la aprobación por parte de la V Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, celebrada en Segovia, España en el año 2005, y de los acuerdos de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: XV de Salamanca (2005) y XVI de Montevideo (2006); la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
En dicho convenio, elevaron el texto del Convenio Multilateral, a la VI Conferencia de Ministros y Máximas Autoridades de Seguridad Social, la cuál fue celebrada en Iquique en 2007, y se aprobó por unanimidad y lo enviaron, a su vez, a los Jefes de Estado y de Gobierno en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre de 2007, que por unanimidad también lo adoptó.
