Amable de Jesús Hernández, director ejecutivo del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), ha expresado su opinión sobre la reactivación del tratado de extradición Honduras y Estados Unidos, celebrando la decisión de la Presidenta Xiomara Castro y criticando duramente a la oposición política.
Según Hernández, este tema generó un debate en el ámbito diplomático donde se debían abordar todos los temas. «Nosotros lo dijimos desde un principio que el tema del tratado de extradición en el país tenía tres enfoques: el enfoque político que se le estaba dando en los debates de esta oposición hondureña que es una oposición carroñera, mercenaria, que no tiene moral, que no tiene principios y que no tiene dignidad», afirmó Hernández.
Además, destacó el debate jurídico, ya que la extradición está vigente en la Constitución de la República a partir de la reforma al artículo 102 que se dio en el 2011, permitiendo la extradición en delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo, regulada a través de un auto acordado.
Hernández explicó que, ante la nota diplomática de denuncia del tratado de extradición que hizo la Presidenta Xiomara Castro, el gobierno de Estados Unidos le presentó dos opciones al gobierno de Honduras. Al final, ambos estados se pusieron de acuerdo y definieron la opción B, que implica la continuación del tratado de extradición.
«Ahora los que deben de estar preocupados es el montón de narcodiputados cachurecos que seguramente más de alguno va a aparecer en la lista de extradición porque están seriamente comprometidos», aseveró el director de INHUPEN.
Hernández considera que este debate demuestra el carácter, la firmeza, la coherencia y, sobre todo, la dignidad de una presidenta que está defendiendo los sagrados intereses del país. Además, resaltó la importancia de promulgar la ley de extradición, ya que el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia solo es una medida temporal ante la falta de una norma adjetiva o procesal.
Según Hernández, la extradición nunca estuvo en riesgo, ya que, aunque el tratado no existiera, hay otros acuerdos internacionales que el país tiene suscritos que permiten este vínculo, además de lo establecido en el artículo 102 de la Constitución.
El director de INHUPEN criticó a la oposición por quedarse sin discurso y exigió al diputado Jalks cumplir su palabra y aprobar la ley de Justicia Tributaria. Además, señaló que la institucionalidad ha fallado tanto que se debe recurrir a estos elementos legales para poder juzgar a quienes han cometido delitos, como el caso del expresidente Juan Orlando Hernández.
«Quien instauró en el país una narcodictadura fue el bipartidismo que dio el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. A partir de ahí se instauró en el gobierno un cartel criminal que permeó todas las instituciones. Óigame, el Presidente de la República preso, el hermano preso condenado también, el jefe de la policía se declaró culpable, otros tantos diputados se declararon culpables», concluyó Hernández.
