Tegucigalpa.-La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este jueves una enmienda mediante la cual se busca intensificar la lucha contra la corrupción en los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
La enmienda se aprobó por unanimidad de votos, es decir que contó con el respaldo de los demócratas y republicanos, y exige que los nombres de funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica sean enviados al Congreso.
La medida busca identificar a todos aquellos funcionarios públicos que están y han estado implicados en crímenes de corrupción y tráfico de drogas. El Departamento de Defensa tiene 180 días para remitir el informe.
La enmienda está incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), impulsada por la representante por California, de origen guatemalteco, Norma Torres.
“Hoy -jueves-, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”, dijo Torres.
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras han jugado un papel esencial en este proceso”, agregó la congresista.
Según recordó Torres, en Honduras, El Salvador y Guatemala las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción, a la vez que los fiscales, jueces y líderes de las organizaciones internacionales contra la corrupción se han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus vidas.
La aprobación de la enmienda se produce mientras las redes de delincuencia organizada en Centroamérica están intensificado sus esfuerzos para revertir la lucha contra la corrupción, alertó la congresista.
Torres alertó que incluso se han documentado casos de personas provenientes de esos países que han contratado firmas de cabildeo en Washington para influir en la política que Estados Unidos ejerce en Centroamérica, pagando hasta 80.000 dólares al mes para revertir la lucha anticorrupción.
